Luego de las declaraciones del Director de Impuestos Internos (SII) Fernando Barraza, parece aún más complejo pensar en este impuesto como un mecanismo efectivo para aumentar la recaudación.
Por: Alejandra Villarroel
Tras las declaraciones realizadas la semana pasada por el Director de Impuestos Internos (SII) Fernando Barraza, en relación a la potencial recaudación del debatido gravamen a los altos patrimonios, vale la pena analizar en forma realista cuánto permitiría recaudar esta medida y cuáles serían los desafíos que tendría su puesta en práctica.
En palabras de Barraza, el universo potencial de contribuyentes a los que podría aplicarse este impuesto es de 1409 personas, considerando los parámetros del proyecto y la información disponible en el SII, lo que dista mucho de los 5840 contribuyentes estimados por los autores de la moción parlamentaria. Esta gravaría con una tasa de 2,5% los patrimonios brutos desde los US$ 22 millones, con lo que se espera recaudar US$ 6250 millones. Claramente, si pensamos en apenas 1409 personas afectas a este nuevo impuesto, resulta impensable lograr recaudar ese monto. A esto se suman las dificultades administrativas para su fiscalización y las imprecisiones en la ley, lo que harían muy compleja una recaudación efectiva incluso a estas 1409 personas.
Tal como explica Barraza, el proyecto «no determina el órgano competente para aplicar, fiscalizar e interpretar las disposiciones constitucionales de carácter tributario”, como tampoco se precisa el hecho gravado, es decir qué se grava con el tributo (¿patrimonio financiero o tributario o será sobre los activos?), y el devengo (cuándo nace la obligación tributaria, sin perjuicio de cuándo deba pagarse), entre otros varios puntos que requerirían mayor definición para una recaudación efectiva.
Pero, más allá del ámbito de aplicabilidad de la ley en discusión, ¿sería esta una medida adecuada para aumentar la recaudación fiscal y así financiar programas sociales que permitan contrarrestar las dificultades económicas durante un segundo año de pandemia? Creemos que no. Existen diversos motivos para sostener esta postura, pero lo más relevante es la muy evidente migración de los contribuyentes de alto patrimonio a otras jurisdicciones, tal como ya ha ocurrido recientemente.
Como cualquier país en desarrollo, Chile necesita aumentar su acervo monetario, atrayendo la llegada de inversionistas y generando incentivos para mantener dentro a aquellos que aún no han salido. No se puede improvisar con medidas como esta, tal como está planteada, sin contar que, además, ni se acerca la recaudación a lo contemplado por sus impulsores.