Esta medida tiene dos objetivos: que los consumidores dispongan de un comprobante físico de sus transacciones y combatir la elusión fiscal mediante un mayor control en el registro de las operaciones. Conoce más detalles aquí.
La resolución del Servicio de Impuestos Internos (SII) que obligará a que, junto con la versión electrónica, los comprobantes de pago cuenten con una versión impresa entrará en vigencia el próximo 1 de mayo. Esta medida tiene dos objetivos: que los consumidores dispongan de un comprobante físico de sus transacciones y combatir la elusión fiscal mediante un mayor control en el registro de las operaciones.
La implementación de esta resolución representa un retroceso en la tendencia a la digitalización impulsada por la Ley N.º 21.210 (conocida como la “Simplificación de la Reforma Tributaria”). Durante ese proceso de modernización, se buscaba reducir la impresión de documentos y, en su momento, incluso se reconoció el comprobante de Transbank como un sustituto válido de la boleta en ciertos casos.
Aspectos Clave de la Resolución
- Obligatoriedad de Impresión
- Los establecimientos deberán emitir, además de la boleta electrónica, una versión impresa de sus comprobantes de pago.
- Junto con esto, deberán colocar un afiche o informativo visible para los clientes, indicando que el comercio siempre emitirá y entregará la copia impresa, independientemente del medio de pago utilizado.
- Fortalecimiento de la Fiscalización
- Con esto se busca reducir las oportunidades de evasión fiscal, ya que se genera un registro adicional que permite a las autoridades realizar más controles sobre las transacciones comerciales.
- Impacto en Pequeños Comercios
- Esta medida podría traducirse en costos adicionales para los pequeños comercios que deberán adecuar sus sistemas de facturación e invertir en equipos de impresión, papel y mantenimiento.
- Estos negocios, que habían simplificado o reducido la impresión de documentos gracias a la digitalización, podrían ver afectado su cumplimiento tributario por la complejidad y los gastos añadidos.
Si bien se espera que esta nueva medida contribuya a disminuir prácticas fraudulentas y aumentar la recaudación tributaria, representa un retroceso para la modernización y digitalización de los procesos tributarios. Para los contribuyentes, especialmente los de menor tamaño, implica un esfuerzo adicional de implementación y costos que se creía superado con las reformas previas. Se recomienda a las empresas revisar la resolución oficial, capacitar a su personal y adaptar sus procesos de facturación lo antes posible para cumplir con la normativa y evitar sanciones.
